Policía colombiana revisará los antecedentes judiciales por medio de las huellas dactilares

Andres Taborda mayo 10, 2018

Foto: Enter

La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia le ha otorgado a la Policía Nacional el acceso a la base de datos dactilar de todos los ciudadanos del territorio. La razón de esta decisión es para permitirle a la fuerza pública hacer uso de su nuevo sistema de escáneres biométricos para identificar a cualquier persona en la calle.

Estos dispositivos tienen una apariencia similar a la de un smartphone y son fabricados por la empresa Olimpia IT. Estos aparatos permiten la identificación de los antecedentes judiciales de los transeúntes por parte de la policía a través de la huella dactilar. Todos los beneficios que trae esta hazaña están enmarcados en la eficiencia, pues lo que antes duraba alrededor de 1 minuto, con este sistema solo se demorará 5 segundos.

Según ha informado la policía, ya se han distribuido 1.097 dispositivos en todo el país. Incluyendo las pruebas que se vienen haciendo desde marzo, a la actualidad ya se han realizado 38.240 validaciones de identidad, donde 302 de estas personas tenían antecedentes judiciales y 21 eran solicitadas por la INTERPOL.

De otro lado, el sitio de la policía define su verdadero objetivo de esta manera:

“El sistema permite la geolocalización de los ciudadanos y tendrá un impacto directo en las estructuras delincuenciales dedicadas a la producción de documentos de identidad falsos”.

Así mismo, es importante aclarar que dejarse revisar es una obligación, pues si alguien se opone al procedimiento, la fuerza pública podría ponerte una multa económica, pues según dicta el código policial:

“Artículo 35º. Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades:

(…)

  1. Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación o individualización, por parte de las autoridades de policía».

Más adelante se informa que estas acciones traerán una multa de hasta 32 salarios mínimos, es decir, un valor cercano a 25 millones de pesos. Además, la persona tendrá que asistir a jornadas obligatorias de convivencia.